El objetivo es analizar y explicar las condiciones, procesos, tiempos y costos tanto del derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales, una vez que se ha consumado en marzo de 2025, la disolución del Instituto Nacional de Transparencia, Derecho de Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales, órgano garante y responsable de elaborar resoluciones vinculantes para proteger el derecho humano a conocer y evaluar las acciones administrativas y gubernamentales, así como la preservación, identidad y seguridad de los datos de cada persona jurídica. También se fundamentará cómo la disminución de los pesos y contrapesos en la estructura constitucional del Estado mexicano disminuye la efectividad del control del poder para desventaja de las personas jurídicas, ante la falta de un organismo autónomo e independiente responsable de garantizar el fortalecimiento de la vida pública y privada con resoluciones vinculantes sustentadas en la categoría de derechos humanos reconocidos a nivel constitucional. 

En este sentido, tanto el derecho de acceso a la información como la protección de datos personales tienen ahora, nuevos lineamientos y normas que dan como resultado el control vertical de esos derechos con la intervención de dos órganos de la Administración Pública Federal Central: la Secretaría Anticorrupçión y Buen Gobierno y el Órgano Transparencia para el Pueblo que dependen jerárquicamente del Poder Ejecutivo Federal. Metodología: Se trabajarán dos métodos para el abordaje temático y empírico: El primero se relaciona con el análisis de las instituciones para enfocar sí las políticas públicas, vinculadas con el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales, tienen la efectividad necesaria para asegurar su vigencia plena en favor de las personas jurídicas. El segundo refiere a la utilización de estudios de caso para analizar de manera empírica el desempeño gubernamental con datos, información y argumentos para esclarecer la efectividad del nuevo diseño de las reglas que se aplican, con fundamento en el realismo institucional.